Ortega Cano y la cadena de custodia

El País, 9 de abril de 2012 “(…) La defensa cuestiona la prueba de alcoholemia en la que presuntamente se rompió la cadena de custodia, y ha pedido que declaren cinco testigos que pasaron con él la tarde.”

Frente a lo que pudiera deducirse de la contundencia argumental de un gran número de tertulianos de radio y televisión, realmente no cabe decir que exista una normativa expresamente reguladora de lo que policial y procesalmente se denomina “cadena de custodia”.

Desde que se recogen los vestigios relacionados con el delito, y hasta que éstos llegan a devenir pruebas en el momento del Juicio, la prudencia más elemental nos aconseja que deba garantizarse que aquello sobre lo que recaerá la inmediación, publicidad y contradicción de las partes -y el juicio del Tribunal-, será precisamente lo mismo que fue aprehendido en su momento, y que, por lo tanto, deberán establecerse unos controles mínimos que garanticen la seguridad de que lo que se traslada, lo que se guarda, lo que se examina y lo que se envía, no ha sido manipulado, ni cambiado, ni contaminado.

En este mismo sentido, y en lo relativo al tráfico de estupefacientes, ha afirmado la jurisprudencia (SAP de Barcelona de 25 febrero de 2009) que “la cadena de custodia es una figura tomada de la realidad a la que se tiñe de valor jurídico con el fin de, en su caso, identificar en todo momento la unidad de la sustancia estupefaciente, pues al tener que pasar por diversos lugares para que se verifiquen los correspondientes exámenes, es necesario tener la completa seguridad de que lo que se traslada, lo que se mide, lo que se pesa y lo que se analiza es lo mismo en todo momento, desde el instante mismo en que se recoge del lugar del delito hasta el momento final en que se analiza y se destruye“.

La relevancia de la garantía en la “cadena de custodia” ha ido evolucionando legislativa y jurisprudencialmente, no solo a la par de la evolución del propio concepto de “proceso debido en Derecho” sino paralelamente a la trascendencia que la prueba pericial ha adquirido en el proceso penal moderno. Y, como consecuencia de ello, no sólo se han ido teniendo cada vez más en cuenta los criterios de las ciencias forenses a la hora de dar contenido a las fases de recabar, custodiar y analizar las piezas de convicción, sino que -debido a la complejidad y aumento exorbitante de los conflictos penales-, se ha hecho inevitable descargar al Instructor del deber único y exclusivo de recoger y custodiar las mismas (así, el art. 326 de la LECrim -“(…) Cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investigado, el Juez de Instrucción adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al médico forense que adopte las medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su autenticidad (…)”- y más claramente aún en los artículos 770.3º (para el procedimiento abreviado) y 796.6º (para el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos), donde se encomienda a la Policía Judicial la función de recabar pruebas y efectos del delito y remitirlas, en su caso, a los laboratorios correspondientes para su pertinente análisis).

En este sentido, la STS de 10/05/01 ya declaró que “la policía judicial está autorizada para remitir la droga directamente a los laboratorios oficiales, pues la ocupación de los objetos, efectos o instrumentos del delito, tal como se regula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ofrece unas variantes y especialidades cuando el objeto del delito sean drogas tóxicas o sustancias estupefacientes. Conviene extremar las precauciones para que no se pierdan o puedan ser sustraídas de los lugares de depósito, por lo que se autoriza directamente a los funcionarios de la policía judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que remitan los estupefacientes a los laboratorios autorizados para su análisis y destrucción salvo la muestra necesaria para una posible reproducción de la prueba de análisis”.

Normativamente, además de las reglas elementales establecidas en los art. 292, 297, 326, 334, 338 o 770 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y de los más precisos “criterios generales para la práctica de diligencias por la Policía Judicial” y los específicos “para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas”, aprobados el 4 de febrero de 1999 y 27 de septiembre de 2004 por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, ha sido el decomiso de drogas, estupefacientes y psicotrópicos el objeto de una más específica regulación (desde la Recomendación del Consejo de Europa de 30 de marzo de 2004 sobre directivas para la toma de muestras de drogas incautadas (2004/C 86/04), hasta las precisiones legales sobre la cadena de custodia que se especifican ya en el artículo 3 de la Ley 17/67 de 8 de abril de estupefacientes, o en la Orden de 8 de noviembre de 1996 sobre normas de preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto de Toxicología). El 13 de mayo de 2010 se publicó la orden JUS/1291/2010, por la que se aprueban normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Jurisprudencialmente se han ido fijando también, de modo excesivamente casuístico, unos requisitos más o menos genéricos que permitan afirmar la corrección de la cadena de custodia (principalmente en materia de incautación de drogas), y que repiten, con más o menos meticulosidad, la necesidad aislar e identificar muestras (“sellar, si fuera posible” -STS de 25/01/05-), y la preceptiva actuación policial con observancia de los protocolos establecidos al respecto (“etiquetado de las muestras, nombre de las personas que han intervenido en la aprehensión, de las personas encargadas de la custodia…” STS de 6/07/90-).

Así, en STS de 26/03/07, 3/05/07 y 27/06/07 se reconoce el cumplimiento de la cadena de custodia al comprobarse que “la sustancia de referencia fue depositada por la Policía en el Juzgado instructor y éste dispuso, posteriormente, su entrega a la Guardia Civil para el traslado al Laboratorio Oficial, donde es recepcionada por funcionaria que nominativamente se identifica a su recibo, extremos que se encuentran perfectamente documentados por lo que no cabe discutir la corrección en el tratamiento de la sustancia“, o que respecto de la droga analizada “(…) quedó consignada su custodia en la caja fuerte del Sr Comisario y su entrega en el laboratorio“. La STC de 29/09/03 entiende rota la cadena de custodia porque “en este caso, no se procedió a su correcto sellado y precintado“, lo que “acredita que se ha producido una deficiente custodia policial y control judicial de dicho material, que no estaba debidamente precintado y a salvo de eventuales manipulaciones externas tanto de carácter cuantitativo como cualitativo“.

Fuera del contexto de incautación de drogas, la jurisprudencia también ha tenido ocasión de ocuparse del cumplimiento de la cadena de custodia en los caso de muestras de sangre extraídas a conductores ebrios, haciendo constar la inexistencia de normativa específica al respecto, pero señalando la importancia de garantizar la indemnidad e identidad incontestable de la muestra si se persigue que ésta pueda funcionar como prueba de cargo en el proceso. En este sentido, la identificación de la muestra y de las personas intervinientes en su extracción, así como el control permanente de la misma hasta la oportuna recogida por la policía judicial, parecerían precauciones mínimas indispensables, y quizá también suficientes, para garantizar el cumplimiento de la cadena de custodia (así, la SAP de Guipúzcoa de 15/12/04, señala que el hecho de que no conste “la manera concreta en que se realizó el referido análisis de sangre, ni si la extracción de sangre fue realizada para atender al restablecimiento de la salud del recurrente, o a consecuencia del auto judicial dictado a tal fin, ni qué papeles fueron los que dijo en su declaración el imputado que le dieron para firmar en el hospital y que luego se enteró que eran para sacarle sangre, ni otros detalles a los que se hace referencia en el recurso (…) podrían afectar a la validez como prueba del resultado del análisis de sangre que le fue realizado”). En el mismo sentido, pero apreciando el cumplimiento genérico de los deberes de custodia de las muestras, la SAP de Sevilla de 21/02/02 especifica que “no existe en el proceso de obtención y remisión de la muestra analizada ningún lapso vacío o solución de continuidad que pudiera despertar la menor sospecha de una sustitución o confusión (…). Resulta perfectamente documentado que la extracción de sangre se practicó a las 3,15 horas (diligencia al folio 4, firmada por el facultativo); que la Guardia Civil recibe la muestra para su traslado al Instituto Nacional de Toxicología a las 3,20 horas (diligencia al folio 5, firmada por los agentes); y que dicha muestra se recibe en el laboratorio oficial a las 3,55 horas (folio 5, con firma de la auxiliar de guardia)”.

Y, de igual modo, y en un caso de muestra de sangre tomada clínicamente a un conductor ebrio, pero efectuada inicialmente solo como medida terapéutica -estaba siendo atendido del accidente- la SAP de Albacete de 19/05/05 aclara que “en los casos como el presente, en que se extrae sangre a un conductor herido en accidente de tráfico, con una finalidad terapéutica, de forma regular y ajustada a la Ley, no se requiere que el instructor dicte resolución motivada para la obtención de sangre, pues no hay derecho fundamental que tutelar y, en concreto, no se vulnera el derecho de integridad corporal pues ya se disponía de la sangre, cuya extracción estaba fundada y amparada en la finalidad de curar. En definitiva las garantías establecidas legalmente protegen la integridad corporal frente a intromisiones no queridas, por ello no cabe con este fin, sin consentimiento del sujeto o autorización judicial motivada, la extracción de sangre o de otra muestra corporal, sin embargo cuando esté disponible la sangre u otra parte del cuerpo, separada del cuerpo conforme a la Ley para otro fin como el terapéutico, su análisis no requiere una especial autorización, sin perjuicio de que habrá que valorar dicha prueba, en conjunto con las demás, para averiguar si concurren los elementos constitutivos del delito que se acusa”. No obstante, la Audiencia acabó rechazando en este caso la prueba por no cumplir la muestra los requisitos básicos de control, ya que no pudo acreditarse indubitada y fehacientemente “cuándo y cómo se extrajo la sangre, pues al extraerse según se dice sólo con finalidad terapéutica no se acredita que la forma de toma de la muestra excluyera su contaminación por alcohol”, y porque no se acreditó “la cadena de custodia de la muestra entre la extracción y el análisis practicado el día siguiente”.

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