No desobedecerás gravemente ni atentarás

El maremágnum de miedos, egoísmos e irresponsabilidades que, tanto trileros como vigilantes y paganos, hemos convenido en llamar crisis, empieza a tocar a los timbres de las puertas, a hacer sonar el claxon y a interrumpir el analgésico discurso hipnótico de la televisión. El vulgo no acepta con santa resignación, sea necesaria o no, la voladura incondicional del Estado del bienestar y, unas veces por dignidad y otras por desasosiego, sale de sus casas, protesta, chilla y patalea. Resiste ahora y siempre al invasor, pero también al inmoral, al sinvergüenza y al caradura.

Sin ágoras ni asambleas -¿alguna vez las hubo?-, son ahora las calles el punto de encuentro de los gritos y de los lamentos. Jóvenes con miedo al futuro, adultos desesperados, madres con y sin coraje, adolescentes hiperactivos, violentos con intolerancia a la monotonía, sindicalistas y profesores de autoescuela, comparten asfalto con taxistas, putas, desheredados, pinches y camareros de VIPS, en las marchas anónimas y conscientemente inocuas que se convocan frente a los recortes, las congelaciones y los despidos indiscriminados.

El papel, y el BOE, lo aguantan todo, pero, a largo plazo, poco o nada podrán hacer los nuevos tipos penales que se anuncian, ni las penas agravadas, ni los supuestos cualificados, frente a la -de seguir así las cosas- irresistible e inevitable eclosión.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tienen patente de corso para repartir goma a diestro y siniestro, ni son novios -ni amigos tan siquiera- de la muerte. Poco más que mileuristas de uniforme, compañeros a fin de cuentas de manifestantes e indignados, tienen convenientemente restringido el uso de porras y pistolas a las necesidades que dicten los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Matar moscas a cañonazos (y que nadie se dé por aludido, por favor) puede ser efectivo, pero resulta ilegítimo en un Estado de Derecho como el nuestro.

Quien hace resistencia pasiva no atenta contra nadie, sino que se resiste. Cosas obvias del lenguaje. Molesta, sí, pero no acomete, ni emplea fuerza, ni intimida. Invita a usar el cortafríos, la coacción y el arrastre. Incluso hasta el empujón barriobajero, pero nunca la bola de goma. Aunque haya que desviar el tráfico. Y una pena de prisión de seis meses a un año es más que suficiente para dejar constancia de quién es el más fuerte.

Tampoco está bien parapetarse en los resúmenes de clase, ni mirar exclusivamente el índice del libro. De un estudio riguroso de nuestro Código penal se deduce fácilmente que éste ya castiga las algaradas violentas que atenten al orden público (por ejemplo, dañando propiedades, invadiendo edificios, o lesionando agentes o ciudadanos), con penas que podrían llegar a más de seis años de prisión, y eso sin incluir la reparación del daño ni la indemnización por los desperfectos (a los que nunca invita la casa, ni por gentileza del Código civil). Y si las criaturas son varias, actúan coordinadas y empiezan a dar estabilidad a su macabra relación, entonces podemos llegar a imponerles (como grupo u organización criminal) hasta tres años de cárcel más y pararnos cómodamente en la decena ¿Qué reforma es necesaria hacer en estos casos?, ¿no parece suficientemente grave el castigo?

La ley también condena a los provocadores que incitan a la desobediencia, a la resistencia y al atentado (lo hagan a gritos, mediante pasquines, con altavoces o por Internet), y créanme que lo hace suficientemente. Y aunque quizá no sea mala idea incluir también a los que llaman al desorden, no debe olvidarse que una cosa es llamar y otra muy distinta responder, y que los que pueden actuar violentamente, o no hacerlo, son los manifestantes, no los convocantes.

Insinuar, por lo demás, una reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para incluir también en ella a los hasta ahora excluidos partidos políticos, y que puedan éstos sufrir entonces las consecuencias de los actos violentos de sus afiliados, no puede sino calificarse de escorzo paralegal. El art. 31 bis no instaura una responsabilidad objetiva de las personas jurídicas, ni directa ni subsidiaria, con respecto a los comportamientos delictivos de sus asalariados: de hecho, aparte de la discutible responsabilidad in vigilando (nacida del llamado deber de corporate compliance), sólo se contempla la posibilidad de responsabilidad penal en los supuestos en que la persona jurídica haya servido de mecanismo idóneo para que sus representantes legales y administradores hayan delinquido. Pretender que una simple modificación del Código permita disolver un partido político, o un sindicato, en el caso de que los manifestantes autores de delitos contra el orden público sean afiliados de las asociaciones, sindicatos o partidos políticos convocantes, no es, pues, solamente disparatado o ilegítimo, sino que resulta también cercano a la esquizofrenia punitiva.

Ha sido desde siempre una tentadora afición del Estado restringir la libertad del individuo como única estrategia para evitar posibles desmanes y potenciales abusos de terceros. Con manifestaciones sin manifestantes, o con restricciones para hablar, sentarse, ponerse en pie o incluso para poder salir de casa, quizá evitáramos, en alguna medida, la existencia de desórdenes públicos, piquetes de exaltados y atentados a la autoridad. Pero la libertad, no nos engañemos, tiene un coste, tanto para los individuos -que pueden no hacer lo que les conviene- como para la sociedad -que pierde la maravillosa eficacia de la colmena-, y no olvidemos que si por algo se caracteriza nuestra civilización es precisamente por aceptar ese reto y asumir ese coste, y hacerlo, precisamente, en aras de poder disfrutar de los beneficios que aporta el ejercicio de dicha libertad. Si la opción es controlar, no restrinjamos derechos fundamentales ni amenacemos al personal con penas desproporcionadas: optemos por asegurar un número suficiente y disuasorio de policías, una coordinación mínima entre comisarías, juzgados y tribunales, y la imprescindible rapidez y justicia de las sanciones impuestas. No hipertrofiemos innecesariamente la ley penal. Y, en cualquier caso, no olvidemos que cuando los estímulos son más contundentes que los avisos de castigo, el individuo no se encontrará mediatizado por la norma, y las advertencias no dejarán de ser símbolos vacíos. Si no hay alternativa, la sanción no motiva, pues cualquier pena es cualitativamente menor que la desesperación, la angustia o la necesidad.

Y, hasta ahora, nadie ha podido poner puertas al campo.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: