A vueltas con el aborto

Algunos sectores de la opinión pública han recibido las declaraciones del Ministro de Justicia (en las que afirma que “la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar”), como una buenísima noticia, que supone un paso cualitativo hacia el progreso, la igualdad, la fraternidad y la justicia, mientras que para otros, sin embargo, el anuncio pone de manifiesto un ataque frontal contra los derechos de las mujeres y un alejamiento con respecto a los sistemas penales europeos.

A estas alturas, y dados los antecedentes, cualquier anuncio del Ministro sobre una futura reforma legislativa en materia penal tiene poca credibilidad, pero, en este caso, las afirmaciones cobran importancia no por su plausibilidad sino por su capacidad de generar debate e invitar a la reflexión.

Que el origen de la vida protegida sea el mismo para todos, independientemente de su capacidad física futura -incluyendo posibles malformaciones-, no creo que sea una mala noticia. Es cierto que quizá los padres (e incluso los Estados) prefieran que sólo nazcan hijos altos, fuertes e inteligentes; la mayoría los preferiría heterosexuales, y, algunos, únicamente varones rubios de ojos azules. Pero si atendemos exclusivamente a estos criterios, ¿qué hacemos con el resto?, ¿nos deshacemos de ellos?

El Tribunal Constitucional estableció hace ya tiempo una doctrina clara con relación a cómo debe regularse la protección del concebido no nacido, y especificó que la supervivencia de éste, con ser un valor digno de protección constitucional, no es un valor absoluto, sino que debe medirse y ponderarse en relación con los demás bienes jurídicos y derechos en conflicto.

Todas las decisiones político criminales que se tomen respecto a un hecho que suponga jurídicamente un conflicto de intereses buscan, en definitiva, el máximo beneficio alcanzable a cambio del menor coste posible. Desde esta perspectiva, puede decirse que no caben decisiones inocuas, sino más o menos costosas. Piénsese incluso en los ejemplos más extremos: la decisión de condenar a una pena de prisión a un violador (beneficio preventivo y retributivo por el mal causado) supone unos costes múltiples (lesión de un derecho fundamental para el penado, posibilidad de que la condena sea injusta, estigmatización de la familia del reo, aumento de los gastos públicos en manutención del preso…) que, sin embargo, se consideran menores que el beneficio producido… y, por lo tanto, resultan asumibles.

Los costes y los beneficios no son absolutos, sino que dependen (depende su cuantificación o valoración) del momento histórico en el que se plantee el dilema jurídico, y, por lo tanto, están matizados por los derechos constitucionalmente reconocidos, las creencias morales imperantes, el estatus económico de los miembros de la sociedad en la que se plantea, su grado de progreso, sus compromisos ético-sociales, su dependencia de valores religiosos, etc. Cuando los costes no son materiales ni tangibles, o cuando la decisión perjudica exclusivamente a un número pequeño de ciudadanos, o a un grupo estigmatizado o subdesarrollado, resulta altamente atractivo para los Estados hacer hincapié en el beneficio aportado, minusvalorando los costes que tal decisión conlleva. Por ejemplo, aplicar la pena de muerte a todos los terroristas supondría asegurarse que no van a volver a delinquir… pese a constituir un atentado contra la vida; penalizar la entrada de inmigrantes supondría aumentar las oportunidades de empleo para los ciudadanos nacionales… pese a constituir una lesión de la libertad y los principios de solidaridad, fraternidad y dignidad del prójimo; o permitir que se abandonen perros y gatos indiscriminadamente (o abuelos seniles), lo cual daría lugar no sólo a una disminución en el gasto doméstico diario, sino que facilitaría los viajes y las vacaciones familiares… pese a las luctuosas consecuencias que ello tendría para un número incierto de ancianos y a un grupo algo más numeroso de animales que, sin embargo, no se iba a quejar.

La interrupción voluntaria del embarazo plantea, además, problemas adicionales. Porque aparte de los derechos en juego (los del nasciturus -principalmente, la vida- y los de los padres -principalmente, el derecho al libre desarrollo de su personalidad y su dignidad-), aparecen dilemas científicos (¿desde cuándo hay vida digna de protección y, por lo tanto, susceptible de ser abortada?) o éticos (¿tienen los fetos malformados los mismos derechos que los bien formados?, ¿cabe someter el aborto a plazos temporales ilimitados, en función de criterios económicos o sociales?, ¿el dilema sería el mismo si el feto se pudiera desarrollar en un útero artificial, no humano?) de muy difícil resolución.

Es evidente que lo que puede ser beneficioso, útil, comprensible o cómodo para un individuo, puede no servir como regla general de actuación para la comunidad, y eso debería ser asumido tanto por los propios ciudadanos (que quizá en algún momento puedan verse en la tesitura de tener que decidir) como por los gobernantes (que deberían utilizar políticas sociales coherentes y rigurosas, más allá de conveniencias coyunturales de cualquier naturaleza).

En este sentido, el anuncio del Ministro de Justicia tomando partido por la vida del nasciturus en todo caso, unido al anunciado (y ya aplicado) recorte de ayudas, subvenciones y atención a las personas en situación de dependencia y a sus familias, es, precisamente, un buen ejemplo de cómo afrontar asistemáticamente un dilema jurídico, desmotivar a sus protagonistas y dar la sensación de legislar sin tener clara una política determinada, sin conocer sus fundamentos ni sus límites, y sin valorar todos los costes que esas decisiones pueden suponer. Y eso, precisamente, no es una buena notica.

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