Archivos Mensuales: agosto 2012

Perdonar a los que nos ofenden

En su momento (Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio) ya pareció sorprendente no sólo la irrupción del acto de “pedir perdón” en el mundo político, sino su elevación a categoría jurídica susceptible de ser considerada como acto necesario en una secuencia procesal (art. 72 LOGP), a modo de atenuante post-delictual o sobrevenida.

La progresión al tercer grado de personas condenadas por delitos de terrorismo se condicionaba desde ese momento a que éstas mostraran signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas y, además, hubieran colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de sus responsables, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podía acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito.

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Pragmatismo extremo

Ante la reciente noticia o globo sonda -qué manida expresión- sobre el cobro de tratamientos en la sanidad pública a los inmigrantes ilegales o sin papeles -sigamos con manidas expresiones-, quiero preguntar:

1. ¿Se ha molestado alguno de los críticos o de los favorables a este tipo de medidas en indagar si la cobertura sanitaria gratuita en España es, efectivamente, universal? Tenía entendido que se extendía únicamente a quienes coticen o hayan cotizado alguna vez a la Seguridad Social, a sus cónyuges si no trabajan y a sus hijos menores, así como a quienes carezcan de recursos económicos. Esto, en la práctica, cubre a casi toda la población; pero algunas personas, como profesionales mutualizados (por ejemplo, arquitectos) o rentistas que nunca hubieran realizado trabajos remunerados, estarían legalmente fuera de la cobertura.

2. ¿No hay una cierta contradicción, o, al menos, una declaración de impotencia para hacer cumplir la ley, en el hecho de legislar para colectivos que no deberían existir, o que se busca que no existan? Me refiero a los inmigrantes ilegales. Si son ilegales y están localizados, ¿por qué no se les detiene y se les expulsa, o, en caso contrario, se les regulariza? ¿Deben permanecer en el país pero al margen del sistema, para constituir un estamento social de parias sin derechos que sirva de fuerza laboral de bajo coste? Es cierto que existen más actividades y situaciones fuera de la ley que sería poco realista ignorar, pero en esta misma línea de pragmatismo extremo se podría regular una licencia fiscal para proxenetas, el IRPF de asaltantes de chalés, la pensión de los trabajadores asiáticos en régimen de semi-esclavitud e incluso un paquete de incentivos fiscales para los emprendedores que se inicien en el negocio del tráfico de órganos.