La imparcialidad del jurado (a propósito de “caso Bretón”)

Acaba de anunciarse que el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba rechaza el recurso de reforma presentado por la defensa de José Bretón, el padre que presuntamente asesinó a sus hijos Ruth y José el 8 de octubre de 2011, contra la incoación de la causa por el procedimiento de la Ley del Jurado, después de que el abogado del imputado reclamara que su cliente fuera juzgado por un tribunal profesional.

El abogado de Bretón había manifestado en su escrito que no había “un solo ciudadano de España y mucho menos de Córdoba (…) que no pensara que Bretón es un asesino psicópata que debe ser condenado”, circunstancia que a su juicio vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva del padre de los niños desaparecidos, y suponía para la defensa actuar “como mera pantomima, con la única finalidad de dar apariencia de juicio justo, pues, antes incluso de saber los jurados que van a ser jurados, (éstos) ya habían condenado a Bretón “.

Pero, ¿esto es realmente así?, ¿existe una obligación legal de imparcialidad para los miembros del jurado? El hecho de que un asunto haya tenido un especial tratamiento mediático, e incluso la impresión (o la constancia) de que los ciudadanos que habrán de decidir sobre la culpabilidad del procesado se han formado una opinión previa al respecto, antes del desarrollo del juicio  ¿mediatiza a los miembros de ese tribunal hasta convertirlos en parciales y a aquél en ilegítimo?

Independencia e imparcialidad del juez

El artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales reconoce el derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial, en el mismo sentido que se pronuncia el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y nuestro propio Tribunal Constitucional, que, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que el derecho a un Juez imparcial forma parte del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 de la Constitución. Es evidente, que “no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad como tercero ajeno a los intereses en litigio y a quienes son, o pretenden ser, sus titulares” (Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de mayo de 1989).

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha diferenciado entre la imparcialidad subjetiva, que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, y la imparcialidad objetiva, referida al objeto del proceso, y por la que se asegura que el Juez o Tribunal no ha tenido un contacto previo con el thema decidendi y, por tanto, que se acerca al objeto del mismo sin prevenciones en su ánimo (Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de julio de 2002)

Para poder ser apartado, pues, del conocimiento concreto de un asunto por temor a que se conculquen los derechos reconocidos en el art. 24.2 CE, es preciso que existan sospechas objetivamente justificadas (exteriorizadas y apoyadas en datos concretos), que permitan afirmar que el Juez no es ajeno a la causa, o que utilizará -como criterios para juzgar- consideraciones ajenas al Ordenamiento jurídico. “No basta para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o dudas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso, más allá de la simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas” (Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de marzo de 2001)

Independencia e imparcialidad del jurado

Y los mismos criterios de imparcialidad objetiva han de presidir la actuación de un jurado en relación a los derechos de justiciable. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2005 “las exigencias (…) relativas a la imparcialidad del Tribunal (profesional) son aplicables también al Tribunal del jurado, tanto respecto del Magistrado Presidente como de quienes integran el jurado, pues el derecho individual al juez imparcial se predica respecto de cualquier Tribunal, sin excepciones, y el Tribunal del jurado es un Tribunal más, integrado en la organización judicial, con sus peculiaridades y su propia competencia.”

Así las cosas, y del mismo modo, la recusación de un jurado popular no puede basarse nunca en generalidades, en juicios apriorísticos, en consideraciones subjetivas, ni en percepciones parciales de la realidad, sino en criterios objetivos, concretos e individualizados.

El conocimiento, la noticia, de un asunto (a estas alturas, ¿quién no sabe algo sobre el “caso Bretón”) no supone tener necesariamente un prejuicio insalvable al respecto, ni implica la imparcialidad de los que, tras un juicio público en el que se utilizarán los medios de prueba pertinentes, declararán justificadamente probado o no probado el hecho enjuiciado, y proclamarán la culpabilidad o inculpabilidad del acusado. La opinión publicada no tiene por qué coincidir necesariamente con la opinión pública, y las impresiones que individualmente tengamos sobre el parecer popular acerca de esta o aquella cuestión no tienen por qué coincidir con la realidad. Muchas veces, las voces de los profesionales más renombrados, o de los ciudadanos más vehementes, las podemos confundir con las voces de la mayoría, que, sin embargo, suelen resultar mucho más cabales y sensatas que aquéllas… si se presenta la oportunidad para que se pronuncien.

Pero hay más. Incluso cuando un jurado, durante las sesiones de selección de sus miembros, pone de relieve su parecer, su visión previa, sus impresiones, respecto del caso concreto que va a ser debatido (por haber tenido noticia del mismo por la prensa o la televisión, o por haber sucedido en su entorno) “sus manifestaciones (en uno u otro sentido) deben ser valoradas como emitidas por personas legas en derecho, que, por lo tanto (…) no implican necesariamente un prejuicio respecto de lo que se va a someter a su consideración”. Por el contrario, “son la expresión de un mero conocimiento obtenido a través de los medios de difusión acerca del hecho (…) que no puede traducirse necesariamente como falta de imparcialidad” (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2005).

Como recordaba la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2000, “la doctrina ha puesto de manifiesto que la noción de imparcialidad no depende de un estado psicológico carente de toda influencia del ambiente social en el que se debe cumplir con el deber de juzgar, sino en la ausencia de circunstancias precisas que, de acuerdo con lo establecido en la ley, hayan sido consideradas por el legislador como incompatibles con la imparcialidad”. Lo importante, pues, no será tanto que el jurado conozca o no el hecho (lo cual en ocasiones no será posible evitar), sino que, tras procederse al concreto y minucioso proceso de selección de los miembros del mismo, pueda tenerse la certeza tanto de que éstos no tienen ningún interés personal en el asunto, como de que en su ánimo prevalecerá la opinión que sustente la presunción de inocencia y la necesidad de atender al desarrollo total del juicio antes de emitir una opinión definitiva al respecto.

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