Condena e indulto de una kamikaze

El indulto que el pasado 7 de diciembre (BOE de 5 de enero de 2013) se concedió al conductor kamikaze Ramón Jorge Ríos Salgado, condenado por la Audiencia Provincial de Valencia, en sentencia de 17 de enero de 2011, a la pena de 13 años de prisión, nos motiva, más allá de lo discutible de este indulto en particular, de la propia ley de 18 de junio de 1870 (vigente) sobre las Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, en general, e incluso de la mismísima institución del indulto, a repasar el mediáticamente casi olvidado delito de conducción suicida, así como las dificultades que su confusa y asistemática configuración plantean a la hora de su aplicación práctica.

El origen de este delito se remonta a la LO de 21 de junio de 1989, momento en el que pareció oportuno tipificar específicamente estos comportamientos “parahomicidas”, como reacción a una supuesta demanda social y a una aparente impotencia legal para dar respuesta justa y proporcionada al desvalor que este tipo de conducción llevaba aparejado. En este sentido, los existentes delitos relativos a las infracciones graves contra la seguridad vial (delitos de peligro, en esencia), así como los delitos de homicidio y lesiones (infracciones puras de resultado), incluidas las pertinentes combinaciones de dolos e imprudencias, tentativas y consumaciones, no terminaban de resultar satisfactorios. Piénsese que si el conductor suicida no se cruzaba con nadie en su demencial trayectoria, el comportamiento no podía ser calificado de tentativa de homicidio de nadie (de hecho, nadie había sido puesto en peligro), pero tampoco de conducción temeraria (ya que el tipo del entonces art. 340 bis a) del CP exigía como elemento imprescindible la concreta puesta en peligro de otro conductor), por lo que el comportamiento en cuestión solo constituía una infracción administrativa al Código de la Circulación castigada con una simple multa. Pero, igualmente, si el kamikaze se cruzaba con, por ejemplo, otros siete u ocho conductores, su comportamiento se castigaba entonces como un concurso real de siete u ocho homicidios (por dolo eventual), en grado de tentativa, y se le aplicaba una pena (pese a la inexistencia de lesión alguna) que podía ascender -en este ejemplo- a los 35 años de prisión.

Ese fue el origen del actual art. 381 (delito que ha sufrido hasta hoy varias y diversas enmiendas en su ubicación y en su configuración típica), que castiga con una pena que puede llegar a los 5 años de prisión al que, “con manifiesto desprecio por la vida de los demás”, condujere un vehículo con temeridad manifiesta, poniendo (o no) en concreto peligro la vida de los demás. La consecuencia es una pena media, no tan pequeña como la de la conducción temeraria (delito en 1989 castigado con multa de 5.000 a 50.000 pesetas, y que posteriormente elevó la pena hasta los 2 años de prisión), pero tampoco tan amplia como la que llevan aparejada los delitos dolosos contra la vida cometidos en grado de tentativa, que pueden ser castigados con una pena de prisión de hasta 10 años.

Pero ni entonces, ni ahora ni en el momento de producirse los hechos en cuestión (en el que existía una distribución típica de los delitos contra la seguridad vial distinta a la que aparece actualmente en el CP), resulta clara la solución que debe darse a muchos supuestos que pueden plantearse (y se plantean) en la vida real: de no producirse resultado alguno, pero sí llevarse a cabo la acción peligrosa, ¿el tipo del art. 381 desplaza todas las posibles imputaciones que puedan darse por tentativa de homicidio y lesiones (se supone que por un sistemáticamente discutible dolo eventual)?, ¿es indiferente que sea una o sean varias las personas puestas en peligro?, ¿hay un único delito, ya se conduzca en dirección contraria durante un kilómetro o se recorran -pongamos- más de 25 kilómetros?; si hay peligro para unos conductores y lesión para otros ¿debe aplicarse en concurso (¿real, ideal?) el delito de peligro del art. 381 junto con los sucesivos delitos de resultado -homicidio y/o lesiones- producidos?, esos resultados ¿se consideran causados con dolo eventual o por imprudencia (grave)?, ¿se daría entonces un concurso real o un concurso ideal entre los delitos de resultado producidos? (téngase en cuenta que, si se entendiera que han sido causados por delo eventual -y dado el carácter personalísimo de los bienes jurídicos afectados-, debería considerarse siempre que todos los resultados -en grado de tentativa o consumación- concurrirían en concurso real); la cláusula del art. 382 (que recoge una penalidad especial para el caso de concurrir peligro y resultado, y que en el momento de ocurrir los hechos recogidos por la sentencia comentada no estaba en vigor) ¿es igualmente aplicable si se estima que los resultados han sido causados por dolo como si se considera que lo han sido por imprudencia?, ¿se refiere el art. 382 a la posibilidad de que concurra peligro y resultado sobre una misma persona o puede aplicarse cuando se pone en peligro a unos conductores y se causa un resultado lesivo a otros?, ¿exige el mencionado art. 382, para su aplicación, que se dé un resultado -consumación- y no mera tentativa?; si, además del delito previsto en el artículo 381, el conductor ha infringido previamente otras normas de cuidado y conducido temerariamente ¿debe aplicarse un concurso real de delitos entre todos los tipos realizados, o tener en cuenta las reglas del concurso de leyes (art. 8) y aplicarse únicamente el art. 381?

Desde esta perspectiva, y pese a la alarmante gran cantidad de alternativas aparentemente válidas que, como hemos visto, ofrece este conglomerado diverso de tipos e imputaciones, no termina de ser plenamente convincente la solución adoptada por la sentencia de 17 de enero de 2011.

El supuesto de hecho que trata esta resolución describe el comportamiento de un individuo que, después de conducir con cierta temeridad y poner en peligro, al menos, la integridad de otro conductor, decide, una vez ya incorporado a la autopista, cambiar inopinadamente de dirección y, sin abandonar el sentido por el que circula, conducir en dirección contraria durante varios kilómetros, poniendo así en concreto peligro la vida de varios conductores (al menos cinco -y dos ocupantes más- que tuvieron que abandonar la calzada para no ser impactados), matando a otro (con cuyo vehículo chocó), e hiriendo gravemente a la mujer que acompañaba a éste. El conductor kamikaze fue condenado como autor de un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás (art. 381) en concurso ideal (77) con un delito de homicidio doloso (138), un delito de lesiones (147), una falta de lesiones (617) y una falta de daños (625), a la pena de 13 años de prisión.

Pero no parece correcta la alternativa tomada por el Tribunal. Si el juzgador estima que todos los resultados producidos se debían imputar por dolo eventual (como en efecto hace), lo correcto hubiera sido aplicar un concurso real entre ellos (arts. 138, 147 y 617), sumando las penas correspondientes a cada tipo, y no (por considerar concurso ideal) la del tipo más grave, en su mitad superior. Consecuentemente, podría haber interpretado también que el delito de peligro y los resultados lesivos concurren en concurso real, no ideal, aplicando conjuntamente el tipo de peligro del art. 381 (antiguo art. 383) y los delitos de resultado de los arts. 138, 147 y 617. La pena, de seguir esta interpretación, debería haber sido sensiblemente superior a la impuesta, y podría haber alcanzado, e incluso superado (haciendo abstracción de otros factores y buscando una penalidad media), los 16 años de prisión.

De haber optado, sin embargo, por una solución más congruente dogmáticamente (aunque caben otras), el Tribunal tendría que haber interpretado que se da un concurso (real o ideal, eso es discutible, pero incluso cabría apreciar concurso de leyes) entre el delito de peligro originado y los resultados causados (que, a su vez, concurren en concurso ideal por considerarse, en este caso, cometidos por imprudencia grave). La pena, de haber seguido esta vía, habría alcanzado, como mucho, los 6 años de prisión, solución que a todas luces nos parece más ajustada a Derecho.

En cualquier caso, nos encontramos ante un claro ejemplo de inseguridad jurídica, de lesión sensible al principio de legalidad y de cierta pereza legislativa. Se trata de un suceso gravísimo (la conducción kamikaze causante de muerte y lesiones), de importante repercusión social y mediática, de no excesiva complejidad (al menos, teórica), y que, sin embargo y dada la inconcreción legal al respecto, es susceptible de ser castigada de múltiples formas, muchas de ellas legalmente justificables, pero absolutamente desiguales entre sí. Alarmante noticia la del indulto a este aparentemente desalmado y brutal conductor, pero ¿no resulta aún más asombrosa la manera confusa y casi aleatoria de poder calificar y cuantificar su condena?

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