La imputación de la infanta Cristina

A propósito del Auto del Juez Castro en el que se decide tomar declaración a la infanta Cristina en calidad de imputada, para que aclare su posible intervención en los hechos investigados en las diligencias previas 2677/08 de la pieza separada nº 25 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca, se me ocurren varios cometarios de urgencia:

  • Esstamos ante una instrucción exageradamente larga (más de tres años), que parece solo acelerada a golpe y voluntad de alguna de las partes implicadas. Esto ha producido, aunque sea solo desde un punto de vista estético, cierta estupefacción, dando la sensación -aunque realmente no fuera así- de que no era el juez el que impulsaba el proceso, sino que eran ciertos intereses particulares, o sociales, o populares (o populistas), los que obligaban a improvisar (o a rechazar) imputaciones, declaraciones y autos.
  • Pese a encontrarnos en la fase de diligencias previas y, por lo tanto, no haberse dictado aún el auto “definitivo” previo a la apertura del juicio oral, en el que se determinen de forma taxativa y concluyente los hechos punibles así como se identifique indubitadamente a las personas a las que aquéllos se imputan, resulta desolador la, hasta el momento, inconcreción general acerca de los tipos investigados y las personas implicadas en ellos, cuya identificación se reparte (de manera algo asistemática) entre disposiciones de otras piezas, autos consecutivos del juez Castro, declaraciones de implicados y testigos (con sus correspondientes valoraciones judiciales), y escritos de acusaciones particulares y del fiscal.
  • Un auto de imputación de un delito es, lógicamente, una cosa muy seria. El juez que lo dicta debe estar convencido (no sólo intuir o sospechar) tanto de la alta probabilidad de que el hecho criminal existe, como de que en él ha intervenido (como autor o como partícipe) la persona imputada. No se exige certeza (ésta sólo se pedirá en la sentencia definitiva), pero sí debe haber una convicción jurídica (basada en los indicios obrantes en la instrucción) de que puede existir responsabilidad criminal. Mientras no se dé dicha convicción, si durante el curso de la investigación se considera que alguna persona puede aclarar algún extremo de la causa, o aportar datos a la misma, o se sospecha de su posible intervención, debería ser interrogado en calidad de testigo, no de imputado, con los inconvenientes o privilegios procesales que una u otra figura lleven aparejados.
  • El auto de imputación de la Infanta (18 folios) parece más meticuloso con las justificaciones que con lo pretendidamente justificado. Desmenuza en catorce puntos la existencia de indicios fácticos que, conjunta y lógicamente relacionados, llevan al instructor a la convicción racional de la presunta intervención criminal de la imputada en los hechos investigados… pero olvida finalmente identificar de manera taxativa cuál es la calificación penal de esos hechos. Cristina de Borbón ha sido llamada para que “preste declaración sobre su intervención en la Asociación Instituto Nòos de Investigación Aplicada y entidad mercantil Aizoon S.L., manejo y destino de los fondos obtenidos a través de las mismas y las que se deriven”, de forma que pueda averiguarse si su comportamiento “podría ser calificado como un supuesto de cooperación necesaria a los delitos supuestamente cometidos por D. Iñaki Urdangarín (por cierto, ¿por qué unas veces D. Ignacio y otras veces D. Iñaki?) y D. Diego Torres”, pero no especifica nada más. Así las cosas, cabe preguntarse: ¿Qué delitos son estos respecto de los que se le imputa responsabilidad a título de partícipe?, ¿se trata tal vez de su intervención en una posible malversación?, ¿en un delito de      tráfico de influencias?, ¿en un delito fiscal y/o de fraude tributario?, ¿en un blanqueo de capitales?, ¿en un fraude a la administración?, ¿en un delito de prevaricación? Aunque de la lectura reposada y minuciosa del auto quepa imaginar a qué delitos puede referirse el juez, la defensa y la declaración de un imputado dependen, precisamente, de la concreción del delito que se imputa, sin cuyo conocimiento difícilmente podrá tenerse por respetado el derecho de defensa.
  • Resulta altamente inusual que el Ministerio fiscal se oponga a la imputación de un sujeto y, además, recurra el auto de imputación. En la fase de instrucción de un proceso lo que es habitual es que el fiscal y el instructor caminen juntos, y que sea aquél, precisamente, el que aconseje a éste la conveniencia de los llamamientos (en cualquier calidad) de forma que pueda darse cumplimiento a una de sus obligaciones primigenias como es la de velar por el interés público y procurar la satisfacción del interés social.

Evidentemente, no deben hacerse excepciones personales de ningún tipo (más allá de las que haga la propia ley, obviamente) a la hora de indagar la posible intervención y responsabilidad de cualquier individuo relacionado con la causa. Pero tampoco debe olvidarse que, ante la innegable publicidad mediática del asunto y el estimable rango político y social de los implicados, cualquier error fáctico o jurídico puede resultar especialmente grave, y suponer, más que la manifestación del saludable y valiente ejercicio del principio de igualdad ante la ley, la constatación de la existencia de fisuras de credibilidad en la justicia, que aparecería entonces sometida a los vaivenes de la opinión pública (más dada a respirar retribucionismo y justicia poética, que a respetar el principio de legalidad y las estrategias político criminales del Estado), y frente a cuyas exigencias también es necesario dotarse de una alta dosis de valentía y coraje.

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