A propósito de la sentencia que condena a Ortega Cano

Acaba de darse a conocer la Sentencia del Juzgado de lo Penal número seis de Sevilla (causa penal nº 223/12) por la que se condena a José Ortega Cano a dos años, seis meses y un día de prisión como consecuencia de la comisión de un delito de homicidio imprudente y de un delito contra la seguridad vial.

De un análisis urgente de dicha resolución pueden extraerse las siguientes conclusiones:

• El juzgador (magistrada, en este caso) entiende que la extracción de sangre practicada al condenado, realizada inicialmente por motivos estrictamente terapéuticos pero utilizada posteriormente para comprobar si dicha muestra contenía algún porcentaje de alcohol o drogas, no constituye una vulneración del derecho a la integridad física y moral (art. 15 de la Constitución) ni del derecho a la intimidad personal (art. 18.1). Se apoya principalmente -aunque la identifica equivocadamente- en la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 206/2007, de 24 de septiembre, donde se determinan, resumiendo e integrando otras sentencias, los criterios de idoneidad, adecuación, necesidad, indispensabilidad y proporcionalidad entre una medida como la practicada (restrictiva de un derecho fundamental -en el presente supuesto, la intimidad-) y el objetivo constitucional legítimo que la justifique (en este caso, el análisis necesario para determinar la tasa de alcohol en sangre)

• El juzgador entiende que existe una duda razonable de fiabilidad en las tareas de ocupación, conservación, manipulación, trasporte y entrega de la antedicha muestra de sangre (lo que comúnmente se denomina “cadena de custodia”), desde el mismo momento de su extracción por parte de los servicios de urgencias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, hasta su recepción por parte del Instituto de toxicología de Sevilla. De esta forma, al no cumplirse estrictamente con las normas establecidas en la orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, entiende que no puede garantizarse la indemnidad de la muestra remitida.

• El juzgador, a falta de prueba de impregnación alcohólica válida, tampoco considera suficientes para sustentar una condena por conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas (art. 379 CP), los testimonios de los testigos intervinientes en el proceso, que le resultan contradictorios y ambivalentes.

• El juzgador condena a Ortega Cano como autor de un homicidio por imprudencia grave (art. 142 CP, que lleva aparejada pena de prisión), y no por un homicidio cometido por imprudencia leve (art. 621.2 CP, que solo lleva aparejada pena de multa). La catalogación de la imprudencia como grave se sustenta, entre otros medios (principalmente, informes periciales), en la declaración de los testigos, cuyo testimonio se dota de absoluta credibilidad: existía exceso de velocidad, cansancio acumulado del conductor (afirmación del propio acusado a la que también se le da crédito), invasión del carril del sentido contrario en varias ocasiones…, y realización de todas estas maniobras durante la noche.

El juzgador aprecia también la comisión de un delito de conducción temeraria (art. 380 CP), si bien la sentencia no se detiene a resolver la controversia doctrinal y jurisprudencial sobre si la exigencia de “concreto peligro para la vida o la integridad de las personas”, que contiene el tipo, está en concurso de leyes (excluyente) o de delitos (acumulativo) con el resultado de muerte producido por imprudencia grave, al que también condena a José Ortega Cano. A este respecto, y en un cierto desconcierto dogmático, el juzgador afirma que “al haberse ocasionado la muerte de una persona por la conducción temeraria del acusado, que iba a velocidad excesiva para la vía interurbana, se ha producido un concurso de infracciones imprudentes (sic.), que deberá sancionarse conforme se previene en el art. 77 CP. Pero a su vez las infracciones imprudentes (¿¿??) se encuentran, respecto de la conducción temeraria, en relación de concurso de normas, que deberá resolverse conforme a la regla del artículo 382 C.P (…)”.

• Finalmente, al aplicar correctamente la regla contenida en el art. 382 CP., el juzgador eleva la pena del delito más grave cometido (homicidio por imprudencia grave, castigado con una pena de 1 a 4 años), a su mitad superior (es decir, a un apena de 2 años y 6 meses a 4 años), y condenando finalmente al acusado a la pena más baja posible (2 años y 6 meses)… si bien añadiendo inexplicablemente “y un día”, en una aplicación analógica, innecesaria e ilegal, de las reglas establecidas para diferenciar los grados.

El marco penológico (2 años y 6 meses a 4 años) no hubiera variado aunque el juzgador hubiera considerado también probado el delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, con lo que incluso en esa tesitura la pena final impuesta podría haber sido la misma. Por otra lado, al tratarse de una pena superior a dos años de prisión, el juez sentenciador no tiene la facultad de suspender ni sustituir la pena impuesta (art. 81 y 88 CP), con lo que, una vez firme la sentencia (es decir, confirmada y sin que quepa recurso contra ella), el condenado tendrá que ingresar indefectiblemente en prisión. Mientras tanto, y al no existir riesgo de fuga ni otras causas abiertas contra él, José Ortega Cano permanecerá en libertad.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: