Prisión permanente revisable: Manual de instrucciones

No será fácil aplicar la pena de prisión permanente revisable. O, mejor dicho, será complicado revisar la prisión permanente a un condenado a esa pena. Échenle un vistazo a su rebuscada regulación en el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, y luego me dicen.

Esta nueva pena está pensada para que se aplique a muy pocos delitos, que, además, son delitos que se dan con poca frecuencia; en concreto, al asesinato de más de dos persona; al asesinato cuya víctima sea menor de dieciséis años, o sea especialmente vulnerable; al asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, o al cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal; al homicidio del Rey o del Príncipe heredero de la Corona; al homicidio en atentado terrorista; al homicidio de un jefe de Estado extranjero; a homicidios, agresiones sexuales o lesiones especialmente graves con objetivos genocidas; y a los homicidios de lesa humanidad.

Con el objetivo de preservar su constitucionalidad, los condenados a esta pena deberán cumplir la sanción del mismo modo que los demás presos, por lo que podrán disfrutar de permisos penitenciarios, progresar al tercer grado y, en última instancia y si se cumplen todos los requisitos previstos en el Proyecto, obtener la libertad condicional y extinguir la pena.

Pues bien, la primera precisión que establece el Proyecto es que los condenados a una pena de prisión permanente revisable (PPR) no puedan disfrutar de permisos de salida hasta que hayan cumplido un mínimo de 8 años de prisión, o incluso un mínimo de 12 años, en los supuestos de condenados por delitos relacionados con la actuación de bandas terroristas.

Respecto a la clasificación del condenado en tercer grado penitenciario, se han establecido distintas reglas en función de si la pena de PPR es la única sanción impuesta, o si se impone junto con otras penas.

Si los condenados lo fueran a una única pena de PPR, la progresión al tercer grado (que deberá ser autorizada por el Tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias) no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de:

  • 15 años de prisión (prisión efectiva, dice el proyecto, que yo no sé lo que es)
  • 20 años de prisión, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito relacionado con el terrorismo.

Ahora bien, en los supuestos de que los condenados a PPR lo sean, además, a otra/s pena/s, el acceso al tercer grado exigirá cumplir los siguientes plazos:

  • 18 años de prisión, cuando el resto de penas impuestas sume un total que exceda de 5 años.
  • 20 años de prisión, cuando el resto de penas impuestas sume un total que exceda de 15 años.
  • 22 años de prisión, cuando el penado lo haya sido condenado a más de una pena de PPR, o bien cuando el resto de penas impuestas sume un total de 25 años o más.
  • 24 años de prisión, cuando la PPR hubiera sido impuesta por un delito relacionado con el terrorismo y el resto de penas impuestas no sume más de 25 años de prisión.
  • 32 años de prisión, cuando la PPR hubiera sido impuesta por un delito relacionado con el terrorismo y el resto de penas impuestas sume un total de 25 años de prisión o más.

Finalmente, la posibilidad de suspender la pena y acceder a la libertad condicional se hace depender del cumplimiento de tres condiciones

1º. Que el penado se encuentre clasificado en tercer grado penitenciario.

2º. Que exista un pronóstico favorable de reinserción social.

Este pronóstico será fundamentado por el Tribunal a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el Centro Penitenciario pertinente y por aquellos especialistas que el propio Tribunal determine.

En los supuestos de delitos referentes o relacionados con organizaciones y grupos terroristas, será además necesario que el penado haya mostrado signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista (que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia, y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, junto con un informe técnico que acredite que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean), y haya colaborado activamente con las autoridades

    • bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista
    • bien para atenuar los efectos de su delito
    • bien para la identificación, captura y procesamiento de los responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.

3º. Que el penado haya cumplido:

  • 25 años de prisión, cuando la PPR haya sido impuesta como pena única o conjunta (con otra u otras que no sean PPR), siempre que la pena de PPR no lo sea por un delito relacionado con el terrorismo, y que la suma del resto de penas impuestas no supere los 15 años de prisión.
  • 28 años de prisión, cuando la PPR hubiera sido impuesta por un delito relacionado con el terrorismo y el resto de penas impuestas no sume más de 25 años de prisión.
  • 30 años de prisión, cuando hubieran sido impuestas dos o mas penas de PPR, o bien cuando la PPR hubiera sido impuesta junto con otras penas que sumen más de 15 años de prisión.
  •  35 años de prisión, cuando la PPR hubiera sido impuesta por un delito relacionado con el terrorismo y el resto de penas impuestas sume un total de 25 años de prisión o más.

El estudio sobre la posible obtención de la libertad condicional se repetirá, cumplidos los plazos que acabamos de señalar, cada 2 años, y su duración (una vez concedida) será de entre 5 y 10 años, una vez trascurridos los cuales se entenderá que la pena de PPR se ha extinguido.

Una excesiva meticulosidad, en fin, que dificulta la comprensión, la aplicación y el desarrollo de esta pena, y una innecesaria diferenciación de supuestos de revisión para una sanción que, como dijimos, es susceptible de ser impuesta en muy pocos casos. Esperemos que nuestros jueces y tribunales, como hacen habitualmente, sepan moverse con rigor y sabiduría a la hora de aplicar una normativa que, trístemente me temo, carece de ambas cualidades.

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