El penúltimo artículo sobre la última reforma penal

Para cualquier profesor de Derecho, una reforma del Código Penal tan importante como la llevada a cabo por las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo, colma todas sus expectativas. Sin bajar a la arena y sin esperar a que las piezas engrasen, es capaz de proceder a la crítica más mordaz del texto y al análisis más perverso posible.

Pero si ese profesor es perezoso y procastinador, los grandes catedráticos se le adelantan, avanzan sabiamente análisis rigurosos y críticas fundamentadas de los cambios, y dejan ya muy poco, apenas unas elementales puntualizaciones sobre técnica jurídica, a ese quejicoso, indolente y modesto profesor.

Las faltas se han suprimido del Código, pero ¿por qué figuran entonces dos referencias a ellas, en los artículos 73 y 74, a la hora de determinar, respectivamente, las reglas de determinación de la pena en el concurso real de delitos y en el delito continuado?

El Código penal (art. 36.2) establece un sistema rígido de plazos para alcanzar el tercer grado penitenciario en los supuestos de delincuentes condenados a más de cinco años de prisión, que, en caso de terroristas, pederastas, corruptores de menores de 13 años y miembros de organizaciones criminales, no podrá tener lugar hasta cumplida la mitad de la condena. Pues bien, pese a que la reforma del Código ha establecido los 16 años como edad necesaria para poder consentir relaciones sexuales (art. 183), participar en ellas o contemplarlas (art. 183 bis), ser objeto de grooming (art. 183 ter 1), o sexting (art. 183 ter 2), así como para agravar las penas por inducción a la prostitución (art. 188 1. 2º párrafo) o por el tráfico y tenencia de pornografía infantil (art. 189.2), ha olvidado modificar también esa cifra en el art. 36.2, con lo que los corruptores de niños y niñas menores de 16 años -pero mayores de 13- podrán seguir beneficiándose del régimen común de acceso al tercer grado (haber cumplido una cuarta parte de la pena) si así lo decide el juez de vigilancia penitenciaria.

Pese a que la modificación penal pretendía, precisamente, castigar este tipo de comportamientos, si una persona se graba a sí misma realizando una actividad sexual, y envía esa grabación a otra, que la difunde, revela o cede a terceros sin consentimiento de su protagonista, su acción no podrá ser castigada conforme al nuevo art. 197.7. El legislador, en este punto, ha olvidado las “autograbaciones” y sólo se ha acordado de imponer una pena a los que, después de haber grabado a otro “en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros”, ceden, revelan o difunden sin permiso esas imágenes o grabaciones originariamente tomadas con permiso de su protagonista.

Los robos con violencia o intimidación han supuesto, tradicionalmente, el escalón más alto de gravedad en lo que respecta a los delitos referidos al apoderamiento de cosas muebles ajenas. Y los que se cometían en casa habitada (art. 242. 2 y 3) llevaban aparejada la pena más alta de las posibles (de tres años y seis meses de prisión a cinco años), que no se podía -ni se puede- rebasar en ningún caso, ni por ninguna circunstancia. Pues bien, la bienintencionada reforma, que ha pretendido sistematizar más lógicamente los delitos de robo con fuerza en las cosas, ha establecido que en los supuestos de robo con fuerza en casa habitada (art. 241.4 en relación con las circunstancias expresadas en el art. 235), el autor pueda ser condenado a una pena de prisión de hasta seis años (es decir, una pena mayor que la que corresponde al autor de un robo con violencia o intimidación en las mismas circunstancias). La consecuencia de este involuntario desaguisado es que, a partir de ahora, al caco que entre a robar en un domicilio ajeno le convendrá hacerlo violentando o intimidando a sus moradores, y no esperando a que estos no se encuentren en la casa o no se enteren del robo.

El artículo 607.2 del Código Penal, en su redacción original según la LO 10/95 del Código Penal, castigaba “la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos (de genocidio)”, pero la Sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007, de 7 de noviembre, declaró inconstitucional y nula la inclusión de la expresión “nieguen”, con lo que dicha expresión desapareció de la ley. El artículo 510.1 c), según la nueva redacción dada por la reforma, castiga expresamente a los que “nieguen (…) los delitos de genocidio”…, lo que en última instancia podría considerarse, de acuerdo con la opinión más generalizada entre nuestros gobernantes, un ejemplo paradigmático de delito de desobediencia al TC.

Y, hoy por hoy, hasta aquí puedo leer.

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