La prisión permanente revisable como síntoma.

Hay algo sublime en la renuncia a la pena de muerte por parte de las sociedades y sur órganos de justicia, algo que nos hace sentir que hemos dado un paso hacia un mundo mejor y hacia un ser humano más perfecto. Y no se trata de un sentimiento vago relacionado con el ejercicio de la generosidad o de la adscripción a modas progresistas. Se trata más bien de un gesto inequívoco de renuncia a la justicia del ojo por ojo para remplazarla por el deseo de hacer una sociedad mejor y de corregir a sus miembros descarriados o desocializados, sirviendo su reclusión a los objetivos de enseñar a todos que el incumplimiento de la ley se castiga, de evitar la amenaza inmediata del delincuente y de corregir su conducta desviada. Estos objetivos, aun si no se alcanzaran, nos hacen sin duda mejores como sociedad, al menos en relación a los paradigmas morales que rigen el comportamiento del ser humano actual, sean éstos los principios de la democracia moderna, la declaración universal de los derechos del hombre o el humanismo cristiano.

Sin embargo, la llamada prisión permanente revisable, al margen de su discutible utilidad práctica, nos viene a decir lo contrario. Que si eliminamos la pena de muerte fue porque tuvimos un mal día, nos dejamos llevar por el buenismo o fuimos demasiado teóricos; pero a la hora de la verdad, queremos disponer de esa herramienta para usarla con tres fines legítimos pero para los que está lejos de ser la más adecuada.

El primero de esos fines es suplir la ineficacia del estado para prevenir y perseguir los delitos: si no podemos evitar que se cometan y si nos cuesta detener a los culpables, elevemos las penas. Pero, ¿pesará en el ánimo de un asesino saber que su crimen puede ser penado con cadena perpetua en lugar de con treinta años de reclusión? Parecería que, ya que no somos capaces de encontrar a todos los delincuentes, concentramos en los que detenemos las penas de todos los demás, en una suerte de lotería de la justicia con premios gordos para los agraciados.

El segundo fin legítimo es la rehabilitación del delincuente. La prisión permanente revisable sirve aquí no tanto para alcanzarlo como para paliar el fracaso en conseguirlo. Si nos rendimos en el intento de transformar o incidir sobre las causas que condicionaron la actitud y la moral del que delinque o, al menos, de hacerle sentir la fuerza punitiva de la justicia como elemento de coerción suficiente, solo nos queda encerrar para siempre a los más peligrosos. No por lo que hayan hecho, aplicándoles un justo castigo, sino por lo que podrían hacer, en una suerte de justicia preventiva, más eficaz que justa.

El tercer fin al que realmente se está renunciando es el de mejorar la sociedad, sus principios y sus valores. Si nuestra sociedad es materialista, nuestra moral es individualista y nuestros estímulos básicos son los relacionados con el poder y el sexo, siempre nos queda la posibilidad de utilizar a los que se pasen de la raya como chivos expiatorios de tal enfermedad social y de los pecados colectivos.

El linchamiento es una declaración de fracaso en estos tres ámbitos: el policial, el penitenciario y el moral; si no podemos lincharlos hasta morir, al menos encerrémoslos para siempre…

Solo desde el desgarrador dolor de las víctimas cabe justificar, comprender y exculpar tanta desolación.

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