¡cúbranse!

La polémica suscitada por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendiendo la prohibición del velo integral islámico en Reus, pone de manifiesto, más allá de lo jurídicamente controvertido y poliédrico del problema (principio de legalidad y prelación normativa, libertad religiosa…), que una cierta dosis de uniformidad, o incluso determinadas restricciones en la indumentaria, quizá sean convenientes y necesarias en algunas circunstancias. Las normas concretas al respecto obedecerían a criterios prácticos, pero también se ajustarían a los usos y costumbres de la mayoría de la sociedad en la que deberían ser impuestas. En este sentido, exigir su cumplimiento no tendría por qué atentar contra ningún principio, si bien debería tenderse a respetar éstos con el menor número posible de excepciones. Sigue leyendo

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corruptos

Estamos acostumbrados a entender por corrupción solo la de los gestores y administradores, cuando se apoderan o utilizan indecentemente las cosas públicas en provecho propio o de un tercero, pero, con ser eso gramaticalmente cierto, se me antoja una acepción excesivamente modesta. Cualquiera de los abusos con los que el hombre pervierte la esencia de las cosas, de las instituciones, de las relaciones, de los contratos, de las promesas, de las expectativas, de las creencias y de los negocios es también corrupción. Sigue leyendo

Pero, ¿de qué acusan a Pistorius? Microentrada

Esta es la noticia.

Y esta una explicación que trata de simplificar algo que es muy diferente en Estaduos Unidos, Australia, Irlanda, Gran Bretaña, Canada, Nueva Zelanda o Singapur.

pistorius

En ciertos Estados de USA y algunos países de tradición jurídica anglosajona o common law, pueden aparecer figuras intermedias (como el “murder in the third”, que distinguiría entre muertes dolosas premeditadas y muertes dolosas violentas no premeditadas), así como una subdivisión del involuntary manslaughter entre “constructive manslaughter” (o “unlawfull manslaughter”, que podría incluir algunos casos de lo que nosotros denominamos “homicidio por dolo eventual”) y “negligent manslaughter” (que absorvería exclusivamente nuestras figuras de homicidio por imprudencia grave y leve).

Tuiteros en Salem

Tras asistir al sorprendente encausamiento de tuiteros antisistema o anti Maccabi, a la censura contra Coca-Cola por emplear en su anuncio del Atleti a un actor cercano a Herrira (plataforma de apoyo a presos de Eta), y a la descalificación del candidato del Partido Popular a las elecciones europeas por insinuar su superioridad intelectual frente a la candidata oponente, no me pregunto sino que afirmo que el delito de opinión existe. Y no me refiero a su real y actual presencia en el Código Penal (que, afortunadamente y pese a lo que se diga, no considera punible manifestar que se desea el fallecimiento de alguien, ni que se espera su muerte, ni que se vaticina su homicidio), sino que hablo de su existencia virtual y de lo que, muy probablemente, puede venírsenos encima. En este sentido, me temo que quien cantara hoy en público la vieja copla que rezaba “dijo el sabio Salomón / que el que pega a una mujer / no tiene perdón de Dios / si no le pega otra vez” podría ser sin duda detenido de inmediato, y no sé si también yo mismo por haberla puesto aquí. Y que se esconda el que hace casi cuarenta años escribió en una pared del metro de Madrid “muera el cerdo de Carrillo”, porque podría ser acusado de amenazas, incitación al odio, o incluso -y si se entiende mal la frase- maltrato animal en grado de tentativa.

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¿Qué será de las faltas tras la reforma del Código Penal?

El proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal sigue adelante. Y, como saben, una de las medidas más llamativas que adopta consiste en la supresión de las faltas (infracciones penales castigadas con penas leves), que, de llegar a buen puerto el proyecto, se transformarán bien en ilícitos reconducidos hacia la vía administrativa o civil, bien en delitos leves.

Algunos autores no terminan de ver la utilidad de un cambio que, en líneas generales y según su criterio, conllevará el pernicioso efecto de aumentar la victimización entre los acusados e imputados, a la par que muy poca, o ninguna, influencia positiva sobre el actual atasco en la administración de justicia. Si a ello unimos las nuevas sanciones propuestas en el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la seguridad ciudadana (desde ahora anteproyecto LOPSC), que castiga con multas muy elevadas algunos de los comportamientos actualmente considerados como falta, el resultado de este proceso de cambio penal no podemos decir que suponga otra cosa que un endurecimiento considerable y altamente preocupante del sistema sancionador.

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Prisión permanente revisable: Manual de instrucciones

No será fácil aplicar la pena de prisión permanente revisable. O, mejor dicho, será complicado revisar la prisión permanente a un condenado a esa pena. Échenle un vistazo a su rebuscada regulación en el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, y luego me dicen.

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Estupro y rapto

Pareció algo inhumano e inaudito para la opinión pública conocer el caso de Josef Fritzl, el electricista austríaco que, en el pueblo de Amstetten, mantuvo secuestrada y aislada durante 24 años a su propia hija (desde 1984 hasta abril de 2008), con la que llegó a tener siete hijos. Y no digamos el del ínclito Wolfgang Priklopil, que el 2 de marzo de 1998 secuestró a la niña Natasha Kampush, de 10 años, y la retuvo durante más de ocho, hasta el momento de su fuga el 23 de agosto de 2006.

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A propósito de la sentencia que condena a Ortega Cano

Acaba de darse a conocer la Sentencia del Juzgado de lo Penal número seis de Sevilla (causa penal nº 223/12) por la que se condena a José Ortega Cano a dos años, seis meses y un día de prisión como consecuencia de la comisión de un delito de homicidio imprudente y de un delito contra la seguridad vial.

De un análisis urgente de dicha resolución pueden extraerse las siguientes conclusiones:

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La imputación de la infanta Cristina

A propósito del Auto del Juez Castro en el que se decide tomar declaración a la infanta Cristina en calidad de imputada, para que aclare su posible intervención en los hechos investigados en las diligencias previas 2677/08 de la pieza separada nº 25 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca, se me ocurren varios cometarios de urgencia:

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Condena e indulto de una kamikaze

El indulto que el pasado 7 de diciembre (BOE de 5 de enero de 2013) se concedió al conductor kamikaze Ramón Jorge Ríos Salgado, condenado por la Audiencia Provincial de Valencia, en sentencia de 17 de enero de 2011, a la pena de 13 años de prisión, nos motiva, más allá de lo discutible de este indulto en particular, de la propia ley de 18 de junio de 1870 (vigente) sobre las Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, en general, e incluso de la mismísima institución del indulto, a repasar el mediáticamente casi olvidado delito de conducción suicida, así como las dificultades que su confusa y asistemática configuración plantean a la hora de su aplicación práctica.

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